La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha confirmado la condena de cinco años y siete meses de prisión contra Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Moreno fue encontrado culpable de tráfico de influencias en el marco del escándalo conocido como “Yidispolítica”.
Precisamente, entre 2004 y 2007, cuando Moreno ejercía como director del Dapre, influenció a servidores públicos para asegurar nombramientos y contrataciones a favor de personas allegadas a la excongresista Yidis Medina. Medina, en ese entonces, tenía el voto decisivo sobre el proyecto de reelección presidencial que permitió que Álvaro Uribe Vélez aspirara a un segundo mandato.
Posteriormente, en 2008, Yidis Medina confesó que había recibido ofrecimientos de varios funcionarios del gobierno Uribe a cambio de votar favorablemente por el proyecto de reforma constitucional que permitía la reelección. Esta confesión desencadenó el escándalo de “Yidispolítica”, que salpicó a varios funcionarios del gobierno, incluyendo a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, quienes también fueron condenados.
La Corte Suprema descubrió que Moreno había influenciado indebidamente a cinco servidores públicos para que realizaran nombramientos en entidades como el SENA, la Red de Solidaridad Social (RSS), ETESA y diversas notarías. Estos actos fueron parte de un pacto ilegal que buscaba asegurar el voto favorable de Medina a cambio de beneficios burocráticos.
Inicialmente, en octubre de 2023, la Corte Suprema dictó la condena contra Moreno. Sin embargo, la defensa del exdirector apeló la decisión, alegando varios errores en el proceso. Tras una revisión exhaustiva de 99 páginas, la Sala Penal del alto tribunal desestimó los argumentos de la defensa y mantuvo la pena original.
Además de la pena de prisión, Bernardo Moreno deberá pagar una multa de 139,579 salarios mínimos legales vigentes y enfrentará una inhabilitación para ocupar cargos públicos durante 82 meses y 7 días. La Corte también negó la posibilidad de una condena de ejecución condicional y prisión domiciliaria, ordenando su captura inmediata.