La Corte Suprema de Justicia decidió acusar formalmente al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, por el presunto delito de injuria tras los señalamientos realizados contra Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). La denuncia fue presentada por Bolívar, quien sostiene que las declaraciones de Polo Polo en redes sociales afectarán su honra y buen nombre.
El caso se originó en agosto de 2023, cuando Polo Polo publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que Bolívar estaba involucrado en hechos graves, como financiar a la Primera Línea durante las protestas de 2021, además de señalarlo como responsable indirecto de dos suicidios de ejemplificados de su hotel. En sus publicaciones, calificó a Bolívar como “el político más despreciable de Colombia”.
En febrero de 2024, la Sala Especial de Instrucción de la Corte abrió una investigación formal, citando a las partes a una audiencia de conciliación en septiembre de 2023, la cual no llegó a un acuerdo. Bolívar rechazó cualquier intento de conciliación, exigiendo pruebas que respaldaran las afirmaciones de Polo Polo o una retractación pública.
El tribunal decidió cerrar la investigación por calumnia, pero avanzar con la acusación de injuria, enviando el caso a la Sala Especial de Primera Instancia para las etapas subsiguientes. En este proceso, Polo Polo deberá demostrar que sus declaraciones no tuvieron intención de difamar a Bolívar, o enfrentarse a una posible condena.
Este juicio marca un precedente importante sobre los límites legales en el uso de las redes sociales por parte de figuras públicas. Mientras Gustavo Bolívar exige justicia por lo que considera afirmaciones sin fundamento, Polo Polo enfrenta uno de los procesos judiciales más destacados de su carrera política.
El diseño del caso podría definir nuevas directrices sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos al comunicarse en plataformas digitales y las consecuencias de incurrir en actos considerados difamatorios.