La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha dado un paso crucial al abrir una investigación formal contra el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, por presuntos delitos de injuria y calumnia. Esta medida surge a raíz de una denuncia presentada por el exsenador Gustavo Bolívar, quien alega difamación a causa de un tweet emitido por Polo Polo el 23 de agosto del año pasado.
El mensaje en cuestión ha desatado una polémica que podría comprometer la reputación de ambas figuras políticas. En dicho tweet, Polo Polo habría vinculado a Bolívar con dos suicidios de excolaboradores del senador, así como con el financiamiento de la Primera Línea, entre otras acusaciones.
La Sala Especial de Instrucción considera que esta publicación podría atentar contra los derechos a la honra y el buen nombre de Bolívar, al contener señalamientos injuriosos basados en hechos potencialmente falsos.
Es importante destacar que, tras la apertura de la investigación, la Sala ha citado al congresista Polo Polo a rendir indagatoria, dando inicio a un proceso que podría tener repercusiones significativas en el ámbito político y judicial.
El intento de conciliación entre Polo Polo y Bolívar, que tuvo lugar en septiembre de 2023, resultó infructuoso. En ese momento, Polo Polo argumentó la falta de pruebas relevantes presentadas por Bolívar como razón para la ausencia de un acuerdo.
Por su parte, Gustavo Bolívar ha expresado su descontento con la situación, revelando que ha intentado conciliar en tres ocasiones y presentado pruebas que respaldan su afirmación de calumnia por parte de Polo Polo.
Bolívar, quien también fue candidato a la Alcaldía de Bogotá, ha manifestado su decisión de llevar este asunto hasta las últimas consecuencias. Alega que el impacto de las acusaciones durante la campaña electoral afectó su buen nombre y exige que la justicia determine el castigo correspondiente para el representante Polo Polo.
Con este escenario, se abre un capítulo crucial en la relación entre estos dos actores políticos y en el panorama judicial colombiano, donde la búsqueda de la verdad y la defensa de la reputación se entrelazan en un proceso que podría marcar un precedente significativo en la lucha contra la difamación y la injuria en la esfera pública.