Con una votación de 9 contra 0 la Corte Constitucional resolvió que la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) no puede administrar los bienes de las FARC. Deja claro que la Fiscalía General de la Nación tiene la competencia para manejar los bienes incautados, y en todo caso, deben ser destinados a la reparación de las víctimas.
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