La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró este jueves la urgencia nacional para estudiar las demandas contra la modificación que se presentó a la Ley de Garantías y que fue aprobada en el congreso.
Con seis votos a favor, la ponencia del Magistrado Jorge Ibáñez, quien pedía la declaratoria para evaluar detalladamente las 21 demandas que alegan que hubo ilegalidad en la aprobación de la ley de garantías, fue aprobada en la Alta Corte. Para el ponente es “de especial trascendencia social prevenir la eventual grave afectación del patrimonio nacional por lo cual deberá ser tramitado y fallado”.
Es preciso recordar que la modificación a la ley de garantías permite la suscripción y celebración de convenios interadministrativos con las entidades territoriales para la ejecución de programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación, bajo el control especial de la Contraloría, durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial.
Pese a que el Gobierno Nacional defendió la ley de garantías argumentando que se realiza “con el propósito de promover la reactivación económica”. gremios empresariales y opositores expresaron su preocupación por los casos de corrupción que se pueden dar con la celebración de esos contratos.
De acuerdo con W Radio, las demandas en cuestión aseguran que la ley debió haberse tramitado como ley estatutaria y que la reforma no tiene relación con el resto de contenido de la ley, además que se votó sin las mayorías requeridas en el Congreso, por lo cual se habría violado el principio democrático.
Incluso, aseguran que la reforma habría abierto la puerta a “favorecer a algunos sectores políticos y hasta para financiar la compra de votos en algunas regiones del país”.
En ese sentido, serán estudiadas las demandas de el senador Roy Barreras, Ivan Cepeda, Carlos Amaya, Luis Fernando Velasco, entre otros.