La Corte Constitucional ordenó el archivo del proyecto de ley que pretendía establecer el Día sin IVA como una política permanente en Colombia. La decisión se tomó después de que el tribunal concluyera que no tenía competencia para pronunciarse sobre las objeciones gubernamentales presentadas por el presidente Gustavo Petro, debido a fallas en el trámite legislativo.
El proyecto de ley, promovido por el Centro Democrático, proponía que el Gobierno nacional estableciera hasta tres jornadas anuales de exención del Impuesto sobre las Ventas (IVA) para determinados bienes de consumo, como vestuario, electrodomésticos y productos tecnológicos, entre otros. La iniciativa tenía el objetivo de estimular la economía y fortalecer el poder adquisitivo de los hogares.
Sin embargo, el presidente Petro presentó objeciones al proyecto, argumentando que:
- Violaba la Constitución : Según el Ejecutivo, la propuesta creaba un beneficio tributario de carácter nacional sin contar con la iniciativa o el aval del Gobierno, lo que contravenía el artículo 154 de la Constitución.
- No tenía un análisis de impacto fiscal : El Gobierno señaló que el proyecto no incluía un estudio detallado sobre sus efectos en la economía y el recaudo tributario.
Aunque el Senado de la República aprobó el informe que rechazaba las objeciones del Gobierno, en la Cámara de Representantes no se alcanzó la mayoría necesaria para insistir en la aprobación del proyecto. De acuerdo con la Constitución, para que el Congreso insista en una iniciativa objetada por el Ejecutivo, ambas cámaras deben rechazar las objeciones de manera coincidente y uniforme.
Al no cumplirse este requisito, la Corte Constitucional emitió un fallo sobre las objeciones gubernamentales y ordenó el archivo del proyecto, en cumplimiento del artículo 200 de la Ley 5.ª de 1992.
Con este fallo, la posibilidad de establecer el Día sin IVA como una medida permanente queda descartada. Si en el futuro se quiere retomar esta iniciativa, será necesario presentar un nuevo proyecto de ley que cuente con el respaldo del Ejecutivo y un análisis de impacto fiscal adecuado.