Con una proposición radicada hace unos días durante la discusión del presupuesto en las comisiones económicas conjuntas del Congreso, varios legisladores están buscando ponerle un palo en la rueda al proyecto de ley que busca crear un impuesto para las bebidas azucaradas.
Se trata de los congresistas Hugo Archila, del Partido Liberal; Ingrid Sogamoso, del conservador; Hernán Cadavid y Andrés Forero, del Centro Democrático; y Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, quienes buscan que el proyecto no se implemente a finales de este año como estaba previsto sino a partir del 2026.
“El artículo 54 de la Ley 2277 de 2022 entrará en vigencia cuando la variación anual año corrido del IPC general (inflación) a julio sea igual o menor al 8%, según las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Al cumplirse lo anterior, se aplicará para el mes siguiente a que el Dane haya emitido el Boletín Técnico IPC correspondiente. En cualquier caso, la entrada en vigencia de este artículo será el 1 de enero de 2026″, dice la proposición.
Tal como lo han señalado organizaciones promotoras del impuesto, la iniciativa de estos cinco congresistas tiene un objetivo evidente: proteger los intereses de las empresas de gaseosas, entre otras industrias azucaradas. El hecho no sorprende, pues desde hace años empresas como Postobón, Incauca, Colombina, entre otras, han sido grandes financiadoras de campañas electorales de los aspirantes al Congreso y sus partidos.
En el caso de Andrés Forero, por ejemplo, su campaña al Congreso en el 2022 recibió aportes de más de 15 millones de pesos por parte de la empresa Riopaila Castilla; mientras que Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, recibió 70 millones de pesos por parte de Postobón, lo que significaría un presunto conflicto de intereses que debería impedir que estos congresistas interfieran en el debate de los impuestos saludables. No obstante, Arbelaez ha justificado que los aportes habían sido hechos a su partido por lo que, supuestamente, no la comprometían como congresista.
“Estos congresistas son conscientes de su impedimento para legislar sobre asuntos que afectan a sus financiadores, sin embargo, usan una proposición para evitar que la regulación pueda implementarse a finales de este año”, denunció sobre este caso Reinaldo Villalba, vocero de la campaña Dulce Veneno, que busca evitar que el proyecto se hunda por lobby.