El Consejo de Estado condenó a la Nación por el secuestro de Sigifredo López, único sobreviviente de los 12 diputados de la Asamblea del Valle secuestrados por las extintas Farc el 11 de abril del 2002.
Según señala el fallo, por la omisión de los funcionarios ante las alertas de posibles amenazas en su contra, se evadieron acciones concretas por parte de las autoridades competentes para proteger la integridad del exdiputado.
“Los efectos patrimoniales que se derivan de esa lesión le resultan del todo imputables al Estado y, en especial a la Policía y al departamento del Valle del Cauca, porque conocían la situación de alto riesgo que (López) afrontaba no solo por ser un hecho notorio, sino porque fueron advertidas de forma directa, específica y diáfana y no desplegaron acción alguna”, apunta la sentencia.
Para el alto tribunal los hechos comprometen a las entidades demandadas, pues incurrieron en desatenciones a las obligaciones consignadas en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y la Constitución de Colombia.
”Conocían la situación de alto riesgo que el citado señor afrontaba no solo por ser un hecho notorio, sino porque fueron advertidas de forma directa, específica y diáfana”. Aún así “no desplegaron acción alguna tendiente a suprimir o, por lo menos, reducir la amenaza contra la integridad, la libertad y la seguridad de aquel como servidor público de elección popular” se lee en la resolución.