Más de 6 años tuvieron que pasar para que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenara al Estado por las heridas que sufrió un contratista en la caída de un puente peatonal, ubicado en la carrera 11 con calle 103 (Bogotá), que colapsó en febrero de 2015 .
La infraestructura estaba destinada a conectar dos sedes del Ejército Nacional que hay en esta zona. Sin embargo, antes de ser inaugurada, se desplomó, ocasionándole graves heridas a 42 personas.
El puente colapsó cuando un grupo de militares fueron ubicados sobre la infraestructura para pasar la prueba de carga, razón suficiente por la que el Tribunal Administrativo calificó la acción como un “riesgo injustificado”.
Así pues, la Nación, a través del Ministerio de Defensa, tendrá que pagar la indemnización de Sócrates González Castro, quien en ese entonces se encontraba en el puente y resultó herido.
Para el Tribunal, la prueba “no contó con los permisos correspondientes de la autoridad distrital, no estando avalado por la firma auditora, que manifestó que no se presentó la información ni las medidas de seguridad adoptadas para realizar las pruebas correspondientes”.
Además, cuestionó que de forma imprudente se realizó la prueba con personal militar ubicado sobre la estructura.
“Se observa que dicha prueba no contó con los permisos correspondientes de la autoridad Distrital, no estando avalado por la firma auditora, que manifestó que no se presentó la información ni las medidas de seguridad adoptadas para realizar las pruebas correspondientes”, se lee en la decisión.
Producto de las primeras investigaciones, la Procuraduría General de la Nación en noviembre del 2015, suspendió en primera instancia y por el término de 90 días, a los tenientes coroneles Segundo Raúl Huertas Ceballos y Luis Armando Hernández Montoya, por su responsabilidad en el hecho.