martes, julio 23

Conciliación de la ley estatutaria de jurisdicción agraria fue aprobada en el Congreso y pasa a sanción presidencial

El Congreso ha dado un paso significativo hacia la equidad y justicia en el campo al aprobar la conciliación de la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria. Esta ley, que solo espera la sanción del presidente Gustavo Petro y la revisión de la Corte Constitucional, busca establecer un marco legal para resolver conflictos agrarios y proteger la propiedad rural, beneficiando a campesinos y comunidades rurales.

La Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria fue aprobada en el último día de la segunda legislatura del Congreso, evitando así su hundimiento. La iniciativa, que ya había superado cuatro debates legislativos, requería la conciliación de los textos aprobados por la Cámara y el Senado. A pesar de las tensiones y denuncias sobre retrasos en la agenda, el Senado votó favorablemente el informe de conciliación, garantizando la continuidad del proyecto.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, celebró la aprobación y explicó que esta ley no contiene disposiciones relacionadas con expropiación. Su objetivo principal es proteger la propiedad rural mediante la creación de jueces especializados en derecho agrario, administrativo y ambiental. Estos jueces resolverán conflictos agrarios y aplicarán el derecho vigente, asegurando así la protección de la propiedad.

Además, la ley contempla la creación de centros de apoyo técnico especializado, que integrarán profesionales de diversas disciplinas para asistir a los jueces agrarios. También se introducirá la figura de los facilitadores agrarios, quienes ofrecerán orientación gratuita a los usuarios del sistema de justicia agraria.

Entre tanto, para que la jurisdicción agraria sea completamente funcional, se requiere la aprobación de una ley ordinaria que regule los aspectos operativos. Esta ley definirá los requisitos para presentar demandas, el procedimiento para la práctica de pruebas y otros detalles necesarios para la implementación de esta nueva estructura judicial.

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