Por: Victoria Sandino Simanca Herrera
En Colombia no basta con anunciar en la Constitución que somos un país pluriétnico y multicultural si no se trabaja para alcanzar una igualdad material efectiva para los pueblos étnicos y los territorios más apartados. Las acciones afirmativas deben basarse en la justicia distributiva que transforme las desigualdades existentes y trascender el marco de la focalización neoliberal. De esta manera se debe trabajar para proteger los intereses legítimos de quienes pertenecen a aquellos sectores de la sociedad que algunos han denominado como minorías, desconociendo su representatividad poblacional, social, cultural e histórica.
Cuando se habla de una medida afirmativa no se puede observar solo a través de promedios estadísticos. No se trata solo de un promedio sobre cuántas personas en los pueblos afro o indígenas tienen alguna ocupación con respecto al resto de la población. Una medida afirmativa también debe tener en cuenta condiciones históricas de desigualdad, diversidades culturales, sociales, ancestrales y derechos adquiridos en el momento en que el país se consagra como una nación pluriétnica y multicultural.
En el año 1991 el país firmó un gran pacto donde se comprometió a crear las condiciones materiales para garantizar la pervivencia material, de tradiciones y saberes, de formas de organización social y autonomía de estos pueblos que enriquecen lo que somos como nación y fue un pacto de toda la sociedad, no solo de los pueblos étnicos, luchar por sus derechos negados de manera histórica. Este pacto se ha enriquecido con el Acuerdo Final de Paz, en el cual el Estado colombiano se comprometió a implementar todas las reformas allí contenidas bajo el enfoque territorial, étnico y de género.
Ahora bien, quiero referirme aquí específicamente a las condiciones que tienen los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos étnicos para acceder a una ocupación. La discusión debe ir más allá de engrosar las filas de ocupación de toda la población en general, sino también revisar la calidad, las condiciones, las oportunidades del ascenso social, la dignificación del trabajo, especialmente para con los pueblos que han sufrido la exclusión y el racismo, con quienes tenemos una deuda social histórica.
Una investigación del Centro Nacional de Consultoría arrojó que en el nivel directivo el 62% por ciento de los empleados son blancos, el 30% son mestizos, un 6 % son afrocolombianos, y sólo el 1% son indígenas. En el nivel administrativo, la desigualdad es aún más evidente pues el 50% de empleados de este rango son blancos, el 44% mestizos, el 3% son afro, y el 0% por ciento son indígenas (Centro Nacional de Consultoría, 2014). Insisto, el porcentaje de ocupación no es necesariamente equidad, justicia o igualdad para los pueblos étnicos.
Esta situación de inequidad se expresa de forma dramática, no solo en los territorios que a veces nos resultan invisibles sino en las ciudades. Hacia el final de la década pasada, cuando se registró uno de los mayores picos de desplazamiento forzado en Colombia, se estima que de toda la población que tuvo que emigrar, al menos un 25,1% se reconocía como perteneciente a una minoría étnica. El 53% que corresponde a mujeres eran en un 28% afrocolombianas según fuentes de la Comisión de Seguimiento de la Política Pública de seguimiento para el desplazamiento forzado. De ese tiempo a acá, esta población ha engrosado las filas de población habitante de calle, explotación sexual, servicios generales, empleadas domésticas, ventas callejeras e informalidad.
Por eso es importante que existan medidas afirmativas para desarrollar una acción decidida del Estado que produzcan realidades materiales, efectivas y concretas para la superación de la brecha histórica de inequidad de nuestros pueblos étnicos. La construcción de un país en paz requiere terminar con la discriminación que se expresa en el acceso a oportunidades que den sustento material a la nación pluriétnica y multicultural que tanto anhelamos.
Referencias
Centro Nacional de Consultoría. (2014). Diversidad laboral e inclusión en el sector empresarial colombiano. Bogotá.
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