lunes, noviembre 11

¿Combatir la criminalidad y reducir los índices de homicidios a través de educación o condenas radicales? La discusión en América Latina

Hace unas semanas el presidente de El Salvador inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad que fue construida en tiempo récord y que consta de muros electrificados, celdas de castigo, un sistema que bloquea celulares y puede albergar hasta 40.000 reos. Ubicada en una aislada zona rural y dotada de mucha tecnología, es la “más grande de América”, según el gobierno salvadoreño.

La entrada en funcionamiento de este centro penitenciario ya ha levantado alertas entre múltiples organismos de derechos humanos. No obstante, Nayib Bukele, presidente de El Salvador ha señalado que este constituye el más reciente paso en la lucha contra las pandillas que lleva encabezando desde hace meses.

Recordemos que desde marzo del año 2022 el gobierno de Bukele instauró el régimen de excepción y una lucha intensiva contra las pandillas -principalmente la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18-. Desde entonces, el país ha experimentado un considerable descenso en los índices de crímenes y violencia.

Las cifras revelan que en 2022 se habrían reducido en un 57% los homicidios gracias a la detención de unos 64.000 supuestos pandilleros o sujetos posiblemente ligados a ello.

Lo alarmante en este caso para las organizaciones de derechos humanos es que, en el marco de la medida decretada por Bukele, 1.082 menores de edad fueron llevados presos, de los cuales varios de ellos no estarían relacionados con el crimen organizado, según una base de datos de la Policía Nacional Civil (PNC) publicada por la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

Amnistía Internacional, por ejemplo, manifestó “su profunda preocupación” por la nueva cárcel y llamó a Bukele a “cambiar de rumbo” en su política de arrestos masivos.

“Amnistía Internacional ha denunciado un claro patrón de violaciones de derechos humanos bajo el enfoque de seguridad pública actual en El Salvador. La construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”, afirmó la organización.

Pese a las alertas por las posibles vulneraciones a los derechos humanos se abrió todo un debate en la opinión pública no solo en El Salvador, sino también en toda América Latina. Discusón que no fue ajena al presidente Gustavo Petro quien contundentemente criticó las medidas adoptadas por el gobierno de Nayib Bukele.

“El campo de concentración de El Salvador está lleno de miles de jóvenes encarcelados que les dan a uno escalofrío. Y creen que eso es la seguridad y se disparan las popularidades”, dijo el presidente Gustavo Petro hace unos días cuando Bukele hizo público el traslado de los primeros 2000 reclusos

La crítica del jefe de Estado colombiano se dio en medio de la inauguración de una nueva sede de la universidad Distrital, dedicada a programas tecnológicos que tuvo una inversión de alrededor de $67.800 millones de pesos y que otorgará 2.800 cupos adicionales para estudiantes.

La Disyuntiva en el caso colombiano es que el gobierno se ha planteado combatir los índices de criminalidad y homicidios a través de una justicia restaurativa y ofrecer garantías sociales de parte del Estado a partir del fortalecimiento de la institucionalidad y permitiendo que los sectores más vulnerables tengan acceso a educación, alimentación, cultura, deporte, entre otros factores.

Así, programas como Jóvenes a la U ya tiene más de 24.000 beneficiarios en 48 Instituciones de Educación Superior oficiales y privadas del Distrito, financiados a partir recursos de los Fondos de Desarrollo y a los aportes en la matrícula que realizan las Instituciones de Educación Superior.

Desde la opinión publica el debate no ha sido indiferente, muchos ciudadanos avalan las medidas implementadas por Bukele, pese a las denuncias de violación a los derechos humanos y la detención de jóvenes, que gracias al decreto de excepción han sido arrestados sin una orden de captura y sin un debido proceso. Siendo en ambos gobiernos medidas implementadas muy recientemente, el tiempo demostrará en qué condiciones se garantiza una verdadera reducción de homicidios y criminalidad.

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