La Procuraduría General de la Nación inició una indagación en contra del general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante del Ejército Nacional por una posible retención de información relacionada con planes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para supuestamente atentar contra figuras clave, incluyendo al fiscal general Francisco Barbosa, al general (r) Eduardo Zapateiro y a la senadora María Fernanda Cabal.
En respuesta a esta acción judicial, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha planteado su perspectiva, desencadenando un debate sobre la credibilidad de las fuentes de información y la comunicación entre los organismos gubernamentales.
En sus declaraciones el presidente Petro afirmó: “El comandante del Ejército, general Ospina, ha sido convocado para rendir declaración bajo juramento sobre alegaciones de ocultamiento de información en relación a un posible atentado. Basándome en una investigación interna, y en mi calidad de máxima autoridad de las Fuerzas Militares de Colombia, puedo asegurar que no hubo negligencia por parte del general Ospina en este asunto”.
“Es fundamental entender que la información de inteligencia entregada al fiscal general no siguió los procedimientos habituales en su distribución. Ni la comandancia del Ejército ni yo mismo, en calidad de presidente, fuimos informados de esta información. La tarea de determinar la credibilidad de estas fuentes recae en la Fiscalía y en las agencias de inteligencia correspondientes”, agregó Petro.
En medio de estas aclaraciones y planteamientos, el presidente aseguró que se han tomado medidas precautorias para garantizar la seguridad de las personas amenazadas. Bajo su dirección, se ha reforzado la seguridad del general (r) Zapateiro, y la Policía Nacional ha sido encargada de proteger tanto al fiscal general de la Nación como a otras figuras en riesgo.
“Desde que fui notificado por el fiscal general, implementé medidas de prevención para salvaguardar a quienes enfrentan amenazas. He ordenado el fortalecimiento de la seguridad del general (r) Zapateiro y la Policía Nacional se ha responsabilizado de la protección del fiscal general y otras personas en situación de peligro”, concluyó el presidente.