Por: Paola García, periodista Cuarto de Hora
Luego de que el consejo directivo de la corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) aprobara la solicitud de la alcaldesa Claudia López sobre la sustracción de 20 hectáreas de la reserva Van der Hammen para ampliar la avenida Boyacá, la ministra de ambiente, Susana Muhammad, señaló que hubo varias irregularidades en el proceso.
De acuerdo con la ministra, una de las irregularidades que se dio está relacionada con la negativa del consejo directivo de la Car sobre la solicitud de conocer a profundidad “los estudios técnicos que aseguran que la vía y su sistema constructivo no va a interrumpir los flujos de vida para los que fue construida la reserva”.
Sumado a esta solicitud se pidió al consejo directivo de la Corporación que no se tomara una determinación hasta que se escuchara a colectivos ciudadanos, veedurías o terceros intervinientes que tienen derecho constitucional a la participación incidente, petición que también fue negada por esta autoridad ambiental.
Ante estas irregularidades, la ministra Muhamad anunció que adelanta una audiencia pública para que se pueda dar un debate más amplio sobre la licencia ambiental aprobada que, en palabras de la jefe de cartera, “puede tener un grave impacto de fragmentación por las obras” que se pretenden imponer.
Y es que los defensores de la reserva han insistido en que «la intervención-redefinición de linderos de la reserva y la fragmentación del bloque de su área original harán inútiles los procesos de restauración y recuperación de la biodiversidad original» de esta importante zona de conservación de la capital, por lo que su participación en medio del proceso de aprobación era fundamental.
Así, por encima de la voluntad de la ciudadanía, la alcaldesa Claudia López y su Partido Verde, el cual irónicamente tiene como pilar la protección del medio ambiente, logran su objetivo de crear unas vías que atraviesan la reserva desde la calle 170 hasta la Avenida Guaimaral al borde con el municipio de Chía; la Avenida Suba – Cota y la Carrera 9.
Si bien, esta es la solución que plantea la mandataria local para hacerle frente a las congestiones vehiculares del norte de la capital lo que resulta completamente cuestionable es que la aprobación de la CAR también da vía libre al proyecto inmobiliario de Lagos de Torca el cual ofertará alrededor de 150.000 viviendas en poco menos de 2.000 hectáreas que van desde la carrera séptima hasta el límite con Chía.
Dicho proyecto estará a cargo de Amarilo, Colpatria, Promotora Andalucía, Fernando Mazuera, Constructora Hayuelos, Urbansa, Alcabama, entre otras constructoras, las cuales se han comprometido con “la preservación del hábitat y el rescate de las estructuras ecológicas”
Todo parece indicar que, una vez más, los intereses de privados prevalecen sobre los de la ciudadanía, pues esta no es la primera vez que la alcaldesa toma medidas que atentan contra el medio ambiente y que han permitido la construcción de infraestructuras en diferentes reservas de la ciudad.