Así lo hizo saber la Unidad Investigativa de Tiempo, la cual conoció un informe de la Policía Judicial que comprobaría que el Ejército Nacional ordenó borrar la información digital recopilada antes del allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia del Ejército en diciembre de 2019.
El análisis que adelantó la Dijín de la Policía a los archivos de 51 teléfonos que fueron incautados en la diligencia judicial que ordenó la Corte Suprema de Justicia. Se encontró evidencia de algunas conversaciones que varios uniformados sostuvieron previamente al allanamiento.
Según el reporte de la Policía al que accedió la unidad investigativa señala que “los chats cuyos pantallazos fueron publicados por la revista Semana y que hablan de una posibles revista o allanamiento al Bacib y la necesidad de borrar información digital, se sostuvieron entre el 6 de noviembre y el 18 de diciembre de 2019”.
Dichas conversaciones fueron encontradas en los celulares asignados a los subtenientes Laura Álvarez Erazo y Franklin Estiven González Castillo, al cabo primero Néstor Andrés Díaz y al sargento viceprimero Héctor Betancourt.
Las evidencias ya se encuentran en poder de la Fiscalía y de la Procuraduría, quienes adelanta las investigaciones pertinentes sobre el escándalo de las interceptaciones ilegales que ejecutó la inteligencia militar para seguir a periodistas, líderes políticos y sindicalistas.