Por: Gabriel Becerra Y
El episodio de los “falsos positivos” es seguramente uno de los hechos más oscuros en la ya oscura historia del conflicto armado colombiano.
Estos hechos representan el máximo nivel de irreflexividad y frivolidad al que llevaron a las Fuerzas Armadas un tipo de conducción y doctrina, pues la vida humana pasó a convertirse en una simple mercancía que, debidamente maquillada, se intercambiaba por recompensas, permisos, promociones o, simplemente, evitaba llamados de atención por bajo rendimiento operacional. En el post escríptum de su libro ‘Eichmann en Jerusalén’ Hannah Arendt señala, con respecto a este criminal de guerra, que “únicamente la pura y simple irreflexión —que en modo alguno podemos equiparar a la estupidez— fue lo que le predispuso a convertirse en el mayor criminal de su tiempo”(Arendt, 171), tal vez, también fue esto lo que permitió que miles de militares y agentes de Estado colombiano, de todos los rangos y pertenecientes a todas las fuerzas de seguridad, cometieran estos crímenes de lesa humanidad.
La pura y simple irreflexión de hacer prevalecer, sobre los derechos más fundamentales de toda sociedad, la imagen institucional y el triunfo de la política de seguridad ante la opinión pública llevaron a las tropas a mancillar la vida de miles de personas inocentes.
En varios testimonios de militares juzgados por estos hechos se ha evidenciado que quienes ejecutaron estos crímenes conocían perfectamente que las víctimas eran inocentes y que no tenían nada que ver con el conflicto armado. Es precisamente por este motivo que estos crímenes son más horrorosos, pues el grado de banalidad en la conducta criminal nos arroja en un pozo de sinsentido que nos impide encontrar una explicación satisfactoria a este capítulo de los crímenes de Estado en Colombia. Y es que nos resulta difícil aceptar que el asesinato masivo de personas inocentes esté relacionado con una necesidad tan frívola y básica como la de mostrar resultados; mantener la moral de la tropa en alto, o, demostrar el éxito de la ‘Seguridad Democrática’ ante los medios. No obstante, sobre este punto aún falta mucho por trabajar y reflexionar; solo a medida que avancen los procesos de verdad, justicia y reparación integral podremos ir tramitando una reflexión compleja y completa sobre estos hechos.
Por lo pronto, quisiera centrar mi reflexión en El auto 033 de 2021 que profirió en febrero la Sala de Reconocimiento de la JEP. Esta providencia pone en conocimiento la priorización interna del Caso 03 denominado “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, hechos conocidos eufemísticamente por la opinión pública como “falsos positivos”. El auto señala que “entre los años 2002 y 2008 aproximadamente 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional”. Sin embargo, estos datos son tan solo la punta del iceberg y en la medida en que se profundice en la investigación esta aterradora cifra aumentará.
Esta afirmación no es gratuita y, aunque parece decir algo obvio, propone un enfoque más allá de las cifras. El informe que presentó la Fiscalía General de la Nación (FGN) en 2018 ante la JEP, y que fue usado como documento base por la Sala de Reconocimiento en 2018 para avocar conocimiento sobre el Caso 03, contiene datos desactualizados. Esto lo podemos constatar en el informe que hizo el ente acusador ante la Fiscal de la CPI donde sostuvo que hasta septiembre de 2020 tenían un total de 2.314 casos activos contra 10.949 miembros del ejército, involucrando 3.966 víctimas de muertes de “falsos positivos”. La cifra, con respecto al número de víctimas, sigue siendo irrisoria, pero muestran un incremento sustancial con respecto a las 2.248 presentadas inicialmente. Este aumento es significativo, sobre todo porque se presenta en el marco de un contexto institucional donde existe una Fiscalía con poca o nula disposición por el esclarecimiento de la verdad en casos que involucran a miembros del Estado y la Fuerza Pública.
Dentro de las cifras oficiales, presentadas ante la CPI a finales de 2020, llama la atención que la Fiscalía General de la Nación haya señalado que al menos cinco divisiones del Ejército Nacional estaban implicadas en “falsos positivos”; que estas acciones fueron cometidas en por lo menos 29 de los 32 departamentos, y que por estos hechos se adelantan procesos judiciales contra un número de militares cercano al 5% del total de las fuerzas activas del Ejército. No se necesita ser experto en análisis de datos para observar que estamos ante hechos que fueron ejecutados a gran escala y con una división de tareas que tuvo lugar en todos los niveles de las Fuerzas Armadas.
Si las cifras presentadas al cierre de 2020 por una Fiscalía negacionista muestran esta aterradora dimensión en la ejecución de estos crímenes, entonces, lo que podría develar una investigación profunda de los hechos superaría por mucho las cifras presentadas por la JEP hasta ahora, pero principalmente, nos arrojaría una verdad a saber: la conducta frente a estos crímenes no fue individual y aislada, sino que correspondióa una práctica sistemática que contó con el conocimiento y el aval (expreso o tácito) de comandantes del ejército, altos funcionarios del gobierno, ministros y presidentes.
Superando la sujeción a las meras cifras, a las grises estadísticas y a los fríos análisis de datos; lo que pretendo señalar con este punto es que, incluso a partir de datos oficiales, nos encontramos ante la evidencia de que en el marco del conflicto armado el Estado se convirtió en un Estado Criminal que permitió, por acción u omisión, el asesinato de miles de personas inocentes a manos de sus Fuerzas Armadas y agentes de seguridad.
El Estado colombiano fue el escenario desde el cual se estructuró todo el andamiaje jurídico e ideológico que facilitó y justificó las miles de conductas criminales que constituyeron el episodio de los “Falsos Positivos”. No obstante, a pesar de la gravedad de lo que aquí se señala, la Fiscalía General de la Nación ha optado por no ofrecer las mínimas garantías para el esclarecimiento de estos hechos. En los últimos días esta entidad ha demostrado que no le interesa la verdad ni la justicia, mucho menos desmantelar las estructuras criminales que se han tomado el Estado.
Perseguir a los máximos responsables se convirtió en una acción proscrita para el ente acusador. La realidad hoy nos muestra que, mientras la Fiscalía General de la Nación esté en manos de una clase política interesada en ocultar los hechos y por lo tanto su responsabilidad, la verdad sobre los “Falsos Positivos” deberá ser escudriñada desde otros lugares. Un ejemplo de lo anterior está consignado en el informe que presentó la Fiscalía ante la CPI, allí sostuvo, sin sonrojarse,que apenas llevaba procesos contra 146 Mayores y 80 Coroneles; con respecto a máximos comandantes del Ejército Nacional mencionó que tan solo adelantaba 29 casos relacionados a estos hechos contra 22 Generales del Ejército Nacional, entonces ¿cómo es posible que teniendo cerca de once mil miembros del Ejército investigados, solo adelante investigaciones contra 248 altos mandos? Ante esto la única respuesta que podemos colegir es que la Fiscalía General de la Nación se ha centrado en responsabilidades individuales de mandos bajos y soldados, negándose a tratar este caso como sistemático y producto del accionar de una compleja estructura criminal que estuvo presente en todos los niveles de la jerarquía militar y civil, y sin la cual nunca hubiese sido posible la masividad de estas graves violaciones a los derechos humanos.
Ya que los máximos responsables no son una preocupación para la Fiscalía, pues por sus últimas actuaciones pareciera estar convencida de que su labor es protegerlos y garantizarles su pleno derecho a la impunidad, entonces la JEP deberá suplir este vacío investigativo con sus propias unidades pero valiéndose también del trabajo investigativo de Organizaciones de Derechos humanos, Organizaciones de víctimas, la academia y las autoridades de la jurisdicción universal. Dentro de ese gran reto, una de las tareas fundamentales será la de esclarecer la participación de altos miembros del ejecutivo nacional, quienes desde sus despachos incentivaron la política de los “litros de sangre”. El desafío de la Jurisdicción Especial para la Paz con respecto a la identificación plena de los máximos responsables no es fácil. Llegar al fondo del problema implicará enfrentar poderes fácticos que se han establecido con comodidad en la dirección del Estado y desde allí han podido fortalecer sus intereses valiéndose del horror y el sufrimiento.
Volviendo a nuestra pregunta inicial ¿por qué el auto 03 es tan sólo la punta del iceberg? Podríamos señalar, continuando con nuestro análisis, que los datos aportados hasta la fecha, incluyendo los de la FGN, nos señalan que, por la cantidad de militares involucrados, estamos ante no uno de los peores hechos de barbarie del conflicto colombiano, sino ante el peor. Estos crímenes de lesa humanidad por su masividad demuestran que el involucramiento del Ejército Nacional sería en casi la totalidad de su estructura y que además la práctica se habría extendido a las otras Fuerzas Armadas y entidades del Estado como DAS, Policía Nacional e INPEC. En consecuencia de esta sistematicidad y magnitud de los hechos, se puede afirmar que la responsabilidad del ejecutivo nacional y sus altos funcionarios es evidente, así como la relación directa de la expedición de decretos, directrices, resoluciones y discursos que alentaban todos los días a mejorar los resultados a toda costa, con la ejecución de estos crímenes de lesa humanidad.
En conclusión, este nivel de estructuración de esta empresa criminal, hasta ahora esbozado preliminarmente, nos permite observar desde ya tres verdades puntuales:
1-las víctimas de estos hechos son muchas más de las señaladas en el auto 03.
2- estamos ante la consecuencia de una política de propaganda del Estado que buscaba vender su victoria militar en términos de resultados y específicamente en términos de bajas.
3-Si las investigaciones llegan a la profundidad de los hechos y se identifican los máximos responsables, entonces, la cifra de Generales implicados aumentaría e ingresarían a la lista exministros, expresidentes y funcionarios de alto nivel.
Finalmente, hay que anotar que el periodo priorizado por la Sala de reconocimiento de la JEP se queda corto. Investigaciones del CINEP y la FGN demuestran que esta macabra práctica dentro de las Fuerzas Armadas se ha registrado desde los años 80. Además, también existen datos que señalan que después de 2008 se siguieron cometiendo estos crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo de ello es que para el periodo de enero a junio de 2020 el CINEP reportó 2 casos de “falsos positivos” y 15 casos de “falsos positivos judiciales”, estos últimos constituyen otro capítulo de los crímenes de Estado en Colombia que aún está por ser esclarecido e investigadoa profundidad.
Bibliografía:
*Arendt, H. Eichman en Jerusalén (1963), traducción de Carlos Ribalta, Mondadori,Barcelona, 2005.
*https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-col-spa.pdf
*https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto_SRVR-005_17-julio-2018.pdf
*https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx
*https://www.nocheyniebla.org/wp-content/uploads/2020/10/NOCHE-Y-NIEBLA-61.pdf