La Fiscalía y la Procuraduría iniciaron investigaciones penales y disciplinarias frente al lamentable caso de racismo que al parecer vivieron una madre y sus dos hijos en el municipio de Paya, Boyacá, en hechos ocurridos en el 2021.
La denuncia dicta que una docente afrocolombiana y sus dos hijos fueron victimas de rechazo, golpes y hasta agresión sexual en un colegio ubicado en ese municipio boyacense; la denunciante aseguró, que luego de ser asignada la Institución Educativa El Rosario y luego de volver a la presencialidad, recibió toda clase de rechazo por parte de sus compañeros de trabajo e incluso de su propio jefe.
este acto de racismo ha sido altamente rechazado por varios actores sociales, uno de ellas fue la vicepresidenta Francia Márquez Mina, quien señaló desde sus redes sociales “el racismo mata, daña familias y sociedades. Rechazo absoluto a todo tipo de violencia racista, es nuestro compromiso luchar contra este flagelo, que existe con fuerza en nuestro país y no nos permite vivir en paz y dignidad. Solicito a @FiscaliaCol investigar este caso” expresó la alta funcionaria del gobierno.
Desde el Ministerio de Educación también enviaron un mensaje de repudio a estos actos por medio de sus redes sociales “rechazamos categóricamente hechos de violencia y discriminación contra docentes, niños, niñas y adolescentes, como en el caso denunciado por la docente afrocolombiana Kerlin Murillo Mena”
Así las cosas, la Procuraduría también rechazó contundentemente cualquier acto o expresión de racismo, señalaron que los delegados entrarán a determinar si hay responsabilidad de algunos funcionarios públicos en los ataques injuriosos que recibió esta profesora afrodescendiente.
“Vamos a constituir una agencia especial, que nos permita y hacerle seguimiento a los procesos penales que, producto de estos hechos, tengan lugar” señaló el Asesor de la oficina delegada para asuntos técnicos ante los micrófonos de RCN Radio.
A su vez, el ministerio público reprochó lo sucedido y con base en ello reafirmaron el compromiso con todos los delegados para que se protejan los derechos de las comunidades étnicas que han sido históricamente marginadas.
Por su parte, la Fiscalía dio inicio a tres líneas de investigación para determinar quienes son los presuntos responsables de estos actos de discriminación y para ello de destinó un grupo conformado por miembros del CTI y la Policía Judicial de la Sijín para adelantar las labores que permitan establecer las condiciones, el modo, el tiempo y lugar en la que se dieron los hechos.