Por: Wilson Arias
El alto desempleo es, en mi opinión, una de las más graves condiciones que un Estado puede permitir para sus ciudadanos. En Colombia desde antes de la pandemia venimos registrando las mayores tasas de la región (por encima de dos dígitos) y, aunque previsiblemente el COVID-19 suscitó un aumento del paro en todo el mundo, tenemos un deshonroso lugar entre los países que peores registros exhiben en el marco de la pandemia. Para agosto, la tasa de desempleo fue de 16,8%. Aunque se redujo un poco respecto a julio sigue siendo demasiado alta y más lo es, la tasa de desempleo en mujeres (21,7%) cuya brecha con la de los hombres viene en continuo aumento superando los 8 puntos porcentuales.
La razón del desempleo, además del confinamiento, tiene que ver con una falla estructural en la demanda de trabajadores. La falta de liquidez en el sector privado es palpable para cualquiera que viva en este país; los congresistas lo sabemos, pues distintos gremios desde los más grandes hasta los más pequeños han pasado por el Capitolio exponiendo su situación; algunos son escuchados, generalmente los más grandes. Los pequeños no tanto. Acá les comparto algunas de las preocupaciones que angustian a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que otorgan el 71,4% del empleo nacional formal y representan a las mayorías cuando hablamos del sector privado, pues suman el 99% del tejido empresarial según datos del propio Ministerio del Trabajo en el 63º Congreso Nacional de la Pyme. En consecuencia, actuar en beneficio de ellas es actuar en beneficio de la gente que sufre cuando le imponen el peor de los castigos: el desempleo.
Las encuestas y bitácoras económicas realizadas por FENALCO, ACOPI, el Grupo Multisectorial del Valle del Cauca, el tablero de control de impacto del COVID-19 en las mipymes de Bogotá y en general todos los datos observables del sector, tienen en común el creciente número de micro, pequeñas y medianas empresas que:
Piensan cerrar o reducir su capacidad operativa. Tienen tensiones financieras para sostener la nómina y por lo tanto la han reducido. Están en situación de impago de deudas bancarias. Tienen dificultad para acceder a créditos con la banca privada por las altas tasas, altos niveles de riesgo e incluso han sufrido rechazo de solicitudes, especialmente sectores como el de bares y discotecas. No han sentido el beneficio de las ayudas del gobierno y tienen problemas para pagar servicios públicos, tributos y arriendos. Basta con leerles, escucharles y asumir una posición responsable para entender que el sector privado en su inmensa mayoría está en una crisis de considerables magnitudes, digna del rescate del Gobierno para salvar a cientos de miles de familias que dependen directa o indirectamente de estas empresas.
Así lo entiendo yo, pero el Gobierno Nacional y sus aliados en el Congreso parecen no entenderlo mucho. Durante la pandemia se ha hablado de rescates a empresas multinacionales con residencia en paraísos fiscales como Avianca, se ha reglamentado un esquema tributario especial para que las empresas Holding (es decir las más grandes) tengan tarifas especiales en sus impuestos de renta y se ha dotado de liquidez al sector financiero por más de 40 billones de pesos. Pero para las empresas que proveen empleo, cuyos dueños no se han paseado por los clubes jugando golf con los banqueros, para esos que son la gran mayoría de los empresarios privados, no hay nada, si acaso los mandan a tomar deuda con los bancos para que sobrevivan o cierren.
En junio pasado denuncié que las ayudas que supuestamente el Gobierno le está brindando a los microempresarios, como por ejemplo, la de otorgar créditos con recursos públicos a través de Bancoldex, era en esencia una transferencia de rentas a los banqueros que hacen las veces de intermediarios y que con dichos recursos otorgan créditos a abusivas tasas de interés, por encima incluso, de las tasas que cobraban antes de la pandemia, tal y como lo registró este medio. En otras palabras, disfrazaron otra dádiva a los bancos de las tantas ya otorgadas, con el señuelo de ayuda a las mipymes.
Recientemente fue celebre un debate en la plenaria del Senado en el que se discutía la prórroga de un proyecto de ley que otorga un subsidio a la nómina a las empresas colombianas que cumplieran ciertos requisitos. Las fuerzas de gobierno se negaron a ampliar la cobertura de este subsidio a las empresas más pequeñas y se negaron además, y de manera rotunda, a eliminar algunas barreras de acceso que tienen las empresas con mayores problemas de liquidez, así como darle carácter progresivo al subsidio en favor de esas más pequeñas, como solicité en mis proposiciones.
Actualmente, cursa en la Comisión tercera del Senado un proyecto de ley de mi autoría para eliminar la intermediación de los bancos en los créditos que el gobierno debe otorgarle a los micro, pequeños y medianos empresarios a través de la banca pública de segundo piso (Findeter y Bancoldex), también para que las tasas cobradas no superen el DTF y en ese sentido no pierdan los bancos públicos pero tampoco se ahorque al empresario. Los senadores de la Comisión tercera pueden optar entre contribuirle durante su primer debate o definitivamente archivarlo, cerrando así otra puerta en la cara de los microempresarios colombianos. Me han informado que el senador Gustavo Bolívar presentará ponencia positiva, a contravía de la egoísta opinión de Asobancaria, entre otros. De los respaldos que obtenga en Comisión dependerá el destino de un Proyecto de gran calado democrático y de serias repercusiones para el empresariado nacional. Ojalá sus gremios se pronuncien a tiempo.