Por: Heidy Sánchez / Concejal de Bogotá por la Unión Patriótica (UP)
Desde el comienzo de la emergencia sanitaria han salido a la luz pública múltiples denuncias sobre el abuso de la fuerza estatal en Bogotá y en otras ciudades de Colombia. La mayoría de estos casos están relacionados con la implementación violenta de las medidas de confinamiento que se ejerce, en su mayoría, sobre sectores poblacionales específicos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor que la del resto de la ciudadanía. El tiempo de COVID ha traído consigo otra pandemia, la del abuso policial.
El uso desmedido de la fuerza es una constante en el ejercicio de la Policía que utiliza la violencia y la represión con mayor intensidad en ciertos sectores. El origen de este tratamiento es una concepción discriminatoria según la cual estos constituyen una mayor amenaza para la seguridad y el bien público. El uso desmedido de la fuerza se basa entonces en una concepción segregacionista en la que la juventud, la población que habita las periferias, las y los trabajadores informales, las trabajadoras sexuales, y los sectores sexualmente diversos, entre otros, se convierten en el objetivo principal del uso de la fuerza pública como consecuencia de esa estigmatización.
Con la llegada de la pandemia, al Estado se le han otorgado ciertos poderes extraordinarios para implementar medidas dirigidas a combatir los efectos de la enfermedad, como es el caso del confinamiento obligatorio. No obstante, esta potestad extraordinaria se ha manifestado en el aumento de la represión policial y en la coartación y disminución de las libertades y de los derechos de la ciudadanía. Lo que se ha presenciado es que dicha represión está dirigida contra la población más vulnerable ⸺y la vez más estigmatizada⸺ que en la mayoría de los casos tiene que quebrantar las medidas sanitarias para garantizar un plato de comida en sus hogares.
Una de las realidades en las que más se ha hecho notoria esta problemática es la del sector de vendedores y vendedoras informales. A partir de las medidas de confinamiento esta población ha perdido su mayor fuente de ingresos y las ayudas estatales no han sido suficientes (en caso en el que lleguen) para garantizar su supervivencia y bienestar. Muchos de los que decidieron retornar a las calles y a sus puestos de trabajo para rebuscarse el sustento diario en medio de la pandemia se convirtieron en las principales víctimas de la represión policial.
El 8 de junio la plataforma Pacifista publicó una compilación de vídeos en los que se evidencia claramente la manera en que miembros de la Policía persiguen a este sector de trabajadores informales; los golpea, les decomisa sus productos, los retiene de manera indebida y utiliza la fuerza de manera excesiva para reprimirlos, usando como excusa las medidas de confinamiento para violentar a individuos que se ven obligados a transgredir estas normas para no morir de hambre.
Uno de los casos más representativos y que más atención recibió fue el de Néstor Novoa, un vendedor informal de la tercera edad que el 20 de mayo fue violentamente agredido por la Policía. El vídeo de esta agresión no tardó en hacerse viral, y en él se muestra cómo los agentes le aplican procedimientos excesivos, poniendo en peligro su integridad física al apretarlo por el cuello. Este tratamiento ha sido sistemático no solamente en Bogotá, también lo ha sido en otras ciudades del país, y como consecuencia de ello se han visto varias protestas de vendedores y vendedoras informales en varios puntos del territorio nacional.
La población trans, particularmente en la ciudad de Bogotá, ha sido otro sector que siempre ha sufrido de la estigmatización y la persecución por parte de la fuerza pública. En lo que llevamos de cuarentena se han presentado varios casos impactantes de violencia policial en contra de esta población. En vídeo difundido por la Red Comunitaria Trans quedó registrado cómo policías agreden a trabajadoras sexuales trans en el barrio Santa Fe durante la madrugada del 20 de junio. Las corretean, golpean y, como si fuera poco, les disparan con balines en sus glúteos; lo cual no solo implica poner en riesgo la vida de ellas sino también una vulneración contra su construcción identitaria. Todo esto por salir a ganarse la vida ante las ayudas que no llegaron.
De igual manera es necesario denunciar el uso desmedido de la fuerza policial en los desalojos que comenzaron a presentarse en plena pandemia en la ciudad de Bogotá. El 2 de mayo fue reactivada, por parte del distrito, una orden de desalojo en contra de los habitantes del barrio Altos de la Estancia en la localidad de Ciudad Bolívar, afectando a familias que llevaban más de diez años habitando la zona[1]. Funcionarios del Distrito y la alcaldía local en compañía de la policía realizaron los desalojos de manera violenta.
Incluso utilizaron al ESMAD, que no dudó en servirse de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras en contra de los habitantes del sector, entre los cuales había desde niños, víctimas de desplazamiento forzado, hasta personas de la tercera edad y población en condición de diversidad funcional. Todo ello en plena pandemia, en la que se supone que la población debe guardar un confinamiento estricto por seguridad sanitaria y, además, se había hecho el compromiso por parte de la alcaldesa y su secretario de Gobierno de no permitir desalojos en esta situación.
De la misma manera excesiva, sin la menor consideración por la salud y el bienestar de la población en medio de la crisis social y sanitaria, fue desalojado un grupo de indígenas pertenecientes a la etnia Embera en el barrio Candelaria la Nueva en Ciudad Bolívar el 7 de mayo. El uso desmedido de la fuerza fue registrado en video y una de las imágenes más emblemáticas de este episodio fue la de un policía enfurecido apuntando con una pistola taser a una mujer indígena indefensa.
Igualmente, la ONG Temblores publicó el 7 de julio un impactante vídeo en el que se ve a varios uniformados golpeando a un individuo que al parecer había sido capturado en un sector del norte de Bogotá. Los golpes, las patadas en la cabeza y los intentos de prenderle fuego al individuo, constituyen de manera evidente un caso atroz de tortura. En esta misma publicación, los miembros de la ONG afirman, a partir de datos de tres fuentes distintas, que entre 2017 y 2019 la Policía cometió actos similares con 40.481 personas. Asimismo, Temblores hizo públicas las cifras de casos de violencia sexual en los que se vieron involucrados los miembros de la fuerza pública en el mismo periodo de tiempo. Solamente en el 2019 se presentaron 147 casos, de los cuales 58 fueron perpetrados por miembros de la Policía Nacional.
El comportamiento por parte de los miembros de esta institución es absolutamente sistemático; no responde solamente a la pandemia, sino que ha sido frecuente y recurrente a lo largo de la historia, y la situación extraordinaria generada por la COVID-19 solamente ha exacerbado estos comportamientos. Afortunadas han sido las víctimas de abuso policial que sus casos han salido a la luz pública haciéndose virales a través de redes sociales. Sin embargo, cuántos hechos de abuso quedarán ocultos. Seguramente muchos.
En definitiva, no se trata de unas cuantas manzanas podridas, es toda una cosecha de la institución y que tiene sus raíces en la manera como entrenan a los oficiales en la sevicia y el irrespeto por los derechos humanos. Además, hay que buscar la sistematicidad del abuso policial en una especie de criminalización de la pobreza y la marginalidad que hace parte de la función con la cual fue creada la institución misma. En primer lugar, es necesario entender que el tratamiento represivo de ciertos grupos poblacionales hace parte de un modelo urbano específico en el que la ciudad es mercantilizada. La lógica de acumulación del capital, aplicada a la producción del espacio urbano, implica una constitución y un uso excluyente del mismo en la medida en que este es visto como fuente de producción de riqueza que es apropiada por sectores privados y de la cual se excluyen a amplios sectores poblacionales.
Este modelo de ciudad genera grandes riquezas para algunos, pero a su vez produce grandes capas de población pobre que no pueden beneficiarse de la apropiación de este valor generado en el espacio urbano. Las políticas urbanas que se implementan en este contexto implican un diseño basado en la segregación y en el control de la población como forma de impedir la agudización de las contradicciones que pueden aparecer por este modelo de ciudad mercancía.
Es en este escenario en el que la Policía cumple su función principal que es la mantener este control y esta segregación por medio del uso de la fuerza, y en esa medida sirve como una institución que mantiene a raya cualquier amenaza que pueda producirse para los sectores que se benefician de este modelo de ciudad. Así, es esta criminalización de las amenazas al modelo lo que constituye la base real para la estigmatización de los sectores poblacionales que recurrentemente son víctimas del abuso policial.
Es en esa medida en que la alternativa al abuso policial pasa por la propuesta de otro modelo de ciudad que se oponga a la mercantilización del espacio y a la apropiación privada del mismo. Solamente en la lucha por la reivindicación del derecho a la ciudad como alternativa a la ciudad mercancía será posible transformar el modelo represivo, policíaco y criminalizador que funciona en la actualidad y que se ha convertido en la otra pandemia durante el confinamiento.
[1] https://www.rollingstone.com.co/actualidad/por-que-desalojar-altos-de-la-estancia-en-plena-pandemia/?fbclid=IwAR2COln8bHb0EReP2GSCHq1v1o2UfK1Q2XHLa2IGkbc74t4WGAeJt7HGHqs
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