El abogado Miguel Ángel del Río calificó como un “amedrentamiento hacia la administración de justicia” los recientes señalamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra el magistrado César Reyes, luego de que el acusado expresidente denunciará ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk que Reyes fue contratista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) durante la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, sugiriendo que esto compromete su imparcialidad en los procesos judiciales en su contra.
Del Río, reconocido por su papel en casos de alto perfil en Colombia, rechazó estas acusaciones, señalando que hacen parte de una estrategia para desacreditar a la justicia y presionar a los magistrados que han tomado decisiones adversas contra el exmandatario, lo que podría leerse como un intento de intimidación.
Las acusaciones de Uribe han generado polémica en el ámbito político y judicial. Según el expresidente, Reyes trabajó en un proyecto de USAID relacionado con la justicia en el marco del proceso de paz, lo que, a su juicio, representa un conflicto de intereses en los casos que ha liderado contra él. No obstante, documentos revelados en el debate público indican que la labor de Reyes en USAID se limitó a investigaciones sobre acceso a la justicia y fortalecimiento institucional, sin relación directa con el Acuerdo de Paz.
Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Uribe intenta deslegitimar decisiones judiciales con ataques personales contra magistrados y fiscales. En ese sentido, Del Río ha subrayado la importancia de garantizar la autonomía de los jueces y evitar que las presiones políticas interfieran en el curso de la justicia.
El señalamiento de Uribe se produce en medio del juicio oral en su contra por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, un caso que ha generado gran atención en el país. Mientras el exmandatario insiste en su inocencia y denuncia una persecución judicial, sus críticos consideran que sus acusaciones buscan desviar la atención de las investigaciones en su contra.
El debate sobre la independencia judicial y la relación entre política y justicia sigue abierto en Colombia, mientras el país observa con atención el desarrollo del proceso contra el expresidente.