viernes, abril 12

8 militares reconocen ante la JEP su responsabilidad en 49 casos de “falsos positivos” en Dabeiba, Antioquia

A esta hora la Jurisdicción Especial para la Paz lleva a cabo la Audiencia de Reconocimiento de Verdad en Dabeiba, Antioquia en la que se abordan los 49 asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas operacionales, conocidos como ‘falsos positivos’, ocurridos entre 2002 y 2006 en Dabeiba e Ituango.

La audiencia se lleva a cabo en el coliseo municipal ‘Destrezas Dabeibanas’; desde allí, ocho exintegrantes del Ejército Nacional deberán comparecer y aceptar públicamente su responsabilidad por participar en la ejecución de estos crímenes de guerra y lesa humanidad. Las víctimas fueron presentadas como bajas en combate e inhumadas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba.

Entre los militares citados se encuentran el coronel retirado Efraín Enrique Prada Correa y el sargento en retiro William Andrés Capera Vargas, quienes formaron parte del Batallón de Contraguerrillas No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’. También fueron citados el coronel retirado Edie Pinzón Turcios, el sargento retirado Fidel Iván Ochoa Blanco, el mayor retirado Yair Leandro Rodríguez Giraldo, el sargento retirado Jaime Coral Trujillo, el mayor retirado Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y el soldado profesional retirado Levis de Jesús Contreras Salgado.

Los magistrados informaron que los coroneles en retiro Jorge Alberto Amor Páez y David Herley Guzmán Ramírez no aceptaron su responsabilidad, por lo que sus casos fueron remitidos al Tribunal para la Paz de la JEP.

Esta audiencia conjunta entre la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas busca avanzar en la restauración del daño causado y determinar la situación jurídica de otros 14 exmiembros de la fuerza pública. Estos no serán indultados ni recibirán sanciones al no ser considerados como los principales responsables.

La JEP enfatizó que los comparecientes deberán reconocer públicamente la verdad y su responsabilidad ante la justicia, la sociedad y los familiares de las víctimas. Además, se espera la participación de las organizaciones acompañantes y las instituciones del Estado en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.

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