El Consejo de Estado rechazó la demanda que pretendía la pérdida de investidura y la muerte política de los congresistas Gustavo Petro Urrego, Iván Cepeda Castro, Gustavo Bolívar, Aida Avella Esquivel, Feliciano Valencia, Inti Asprilla, Antonio Sanguino y María José Pizarro.
Según el demandante, los congresistas de oposición “tenían un impedimento de tipo moral” cuando intervinieron en el debate y votación del proyecto de ley que buscaba reformar y fortalecer el “carácter civil” de la Policía Nacional (ley 62 de 1993).
En la acción jurídica se resaltó la posición personal de los congresistas, haber participado en grupos al margen de la ley y sus cuestionamientos a la fuerza pública.
Sin embargo, los magistrados del Consejo de Estado no encontraron en estos argumentos razón suficiente para determinar que los congresistas de oposición hubieran incurrido en un conflicto de intereses.