Organizaciones de derechos humanos afirmaron que el reciente fallo de la Corte Constitucional que obliga a la Comunidad de Paz de Apartadó (Antioquia) a abstenerse de denunciar a la fuerza pública sin que exista un fallo condenatorio, podría quebrantar la libertad de expresión en Colombia.
En el marco del paro nacional con innumerables denuncias por represión violenta de la fuerza pública contra la ciudadanía, la Corte ratificó el fallo a pesar de que más de 40 organizaciones internacionales intervinieron para que se protegiera a la Comunidad de Paz.
Estas organizaciones argumentan que solicitarle a la Comunidad de Paz que se abstenga de denunciar a funcionarios públicos antes de que el sistema judicial avale los hechos va en contravía de los estándares del derecho internacional humanitario.
La directora de la unidad de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, Fernanda Doz Costa manifestó que “si las organizaciones colombianas no pueden denunciar la sospecha de violaciones a derechos humanos, entonces ¿Cómo se van a iniciar las investigaciones?”.
Por su parte, el magistrado de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez dice estar a favor de anular el fallo, argumentando una “desproporción” en la sentencia.
“Exigir como requisito para denunciar que haya sentencias condenatorias de proporcionada la libertad de expresión, exceden los estándares jurisprudenciales y es una carga excesiva e injustificada”, explicó el magistrado en su ponencia.
Cabe recordar, que desde 1997 la Comunidad de Paz ha destacado por su labor en la defensa de los derechos de los campesinos víctimas de las guerrillas y de los paramilitares.