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Este lunes 8 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó la audiencia pública contra el Estado colombiano por el exterminio de más de 6.000 miembros de la Unión Patriótica.
La colectividad UP había interpuesto la denuncia en 1993 que vinculan al Estado con los delitos de genocidio, violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, honra, dignidad, protección judicial, derechos políticos, entre otros.
20 años después de las denuncias, la CIDH será encargada de sancionar o no al Estado por las estigmatizaciones que sus funcionarios públicos les hicieron a los militantes de la UP, desencadenan homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones, amenazas entre otras violaciones perpetradas por agentes estatales.
Por su parte, la CIDH ratificó un informe de fondo en el que se reconoce la responsabilidad del Estado colombiano en los crímenes cometidos contra miles de miembros de la UP.
La abogada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Juana Acosta, representante de Colombia ante la CIDH señaló que “en este caso debe haber investigación y juzgamiento de todos los hechos y responsables hace inviable un modelo de justicia transicional, en el que se sanciona a los máximos responsables de crímenes y se habla de macro contextos de criminalidad. Esto lo que hace la JEP”
Frente a lo anterior, el secretario general de la UP, Gabriel Becerra cuestionó al Estado y al presidente Iván Duque sobre la importancia de la JEP solo para ciertos casos que buscan deslegitimar la competencia de la CIDH en el juicio sobre el exterminio de la UP.
¿@IvanDuque, al fin qué?
Para defender la impunidad de sus copartidarios la @JEP_Colombia no sirve, pero para alegar la no competencia de la @CorteIDH en el caso de la @UP_Colombia, si debe ser tenida en cuenta?#LaVerdadSobreElGenocidioUP
— Gabo Becerra Yañez 🏛️ (@BecerraGabo) February 8, 2021
Adicionalmente, la abogada de la Andje sostuvo que la CIDH había acreditado a casi todas las víctimas, sin que estas tengan los documentos de identidad que permitan la verificación de su existencia.
Es decir, de acuerdo a la base de datos recopilada por la Agencia solo se logró la acreditación de 219 víctimas que cumplen con requisitos legales, excluyendo a más de 2.000 presuntas víctimas, lo que equivale a una cuarta parte. Sin embargo, en la audiencia se aclaró que el Estado no busca desconocer la magnitud del crimen.
Estas audiencias serán llevadas a cabo hasta el próximo viernes 12 de febrero y será el tribunal internacional quien emita una sola sentencia.
"Los estados no comenten crímenes", dice la defensa del Colombia en caso genocidio @UP_Colombia
¿Ustedes le creen? https://t.co/3TzyF9xc3F
— Aída Avella #EscucharYActuar (@AidaAvellaE) February 8, 2021