//
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) junto a organizaciones sociales solicitan la suspensión de la audiencia sobre fumigación con glifosato convocada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para el próximo 19 de diciembre, por falta de garantías participativas.
El CAJAR sostiene que en dicha reunión se pretende retomar las aspersiones con glifosato en 104 municipios distribuidos en 14 departamentos del país a través de la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato (PECIG).
Adicionalmente, el colectivo expone que en esta audiencia no se establecen garantías para la participación de las comunidades afectadas y se desconoció el fallo del Juzgado Administrativo de Pasto al no comunicar el plan detallado del paso a paso de cómo se cumpliría la orden judicial emitida por la entidad judicial en la que se “reconoció la violación de los derechos a la información, participación, debido proceso y consulta previa dentro del procedimiento administrativo que tiene como propósito decidir acerca de la modificación del Plan de Manejo Ambiental con el que se busca retomar las aspersiones aéreas con Glifosato”.
La ANLA y la Policía Nacional han desconocido la existencia de comunidades indígenas y afro en los territorios que pretenden asperjar. No hay un enfoque diferencial para la consulta previa a estas comunidades. #ElGlifosatoNosMata
Comunicado completo: https://t.co/6sjYLjc2rS
— ColectivoDeAbogad@s (@Ccajar) November 26, 2020
“Esta modalidad virtual que se quiere imponer en el país para la toma de decisiones ambientales restringe el ejercicio de los derechos de acceso a la información y participación ambiental, derechos protegidos por el Acuerdo Regional de Escazú que el Gobierno de Iván Duque firmó y se comprometió públicamente a ratificar” señaló el CAJAR.
Cabe mencionar, que en el año 2015, tras investigaciones científicas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el Glifosato como posible cancerígeno, evidenciado que este herbicida ocasiona daños a las células y al ADN.
En diversos debates de las Comisiones Económicas del Congreso en el marco de la regulación como nueva política de drogas, el Senador Gustavo Bolívar ha evidenciado que el gasto con aspersión con glifosato supera considerablemente a la erradicación manual, además, de los irreparables daños al medio ambiente y a la salud pública.