POR: ANDRÉS CAMACHO MORALES @andrescamachom_
Hace un año, en septiembre de 2019, se adelantaba una huelga por el clima a nivel global, en cerca de 150 países se dieron manifestaciones contra el cambio climático; una de las más importantes fue en Nueva York, miles de personas, especialmente jóvenes, niños y niñas se han convertido en protagonistas de esta exigencia a los gobiernos para frenar el calentamiento del planeta. Esta huelga mundial por el clima, demostró la fuerza de un movimiento social a escala global renovado y con impulso para rato.
Un año después, la humanidad enfrenta una nueva amenaza global; el COVID 19, razón por la cual, salir de la emergencia sanitaria es la prioridad, pero el desafío climático sigue ahí. Contrario a lo que muchos piensan, la crisis climática continúa. Es cierto, que debido a la contracción de la economía se ha producido una momentánea disminución de emisiones anuales de CO2, las cuales, según el estudio de la Internacional Energy Agency (WEO) publicado en octubre de 2020, retrocederán a los niveles en donde se ubicaban hace una década. Sin embargo, esta no es una situación planeada y no es una estrategia de bajas emisiones.
Así que nos encontramos en un punto clave para avanzar, no solo en reflexiones sobre la situación de la humanidad, también hacia políticas públicas concretas que nos permitan enfrentar el cambio climático. La carrera por el “crecimiento” económico basado en el modelo energético fósil parece tener una pequeña pausa, si volvemos a apretar el botón para continuar en esa dirección, las consecuencias serán catastróficas. Mientras esperamos la vacuna para el COVID tenemos que aplanar la curva ascendente de la emergencia climática.
Es por ello, que la decisión del Concejo de Bogotá al reconocer como real la emergencia climática en la que estamos es un paso histórico. Con esa iniciativa presentada por la concejala Susana Muhamad de Colombia Humana, Bogotá se convierte en la primera ciudad capital del continente en construir una herramienta de este tipo para enfrentar la crisis del calentamiento global. El acuerdo aprobado está compuesto por 11 artículos y 10 mandatos sobre los siguientes temas: 1. Ordenamiento territorial alrededor del agua y los socioecosistemas, 2. protección de la Estructura Ecológica Principal, 3. Bogotá promueve la Soberanía y Seguridad alimentaria, 4. Transición energética y reducción de gases efecto invernadero, 5. Prevención y atención por riesgos en salud en cambio climático, 6. Gestión integral de residuos con inclusión social para la crisis climática, 7. Economía solidaria, resiliencia y trabajo decente, 8. Educación y participación para una nueva ética ambiental,9.Innovación científica y democratización del conocimiento y 10. Ecourbanismo y Construcción Sostenible para un territorio resiliente que se adapta y mitiga el cambio climático.
Cada uno de estos mandatos cuenta con una serie de acciones estratégicas, en total son cerca de 50 acciones. Entre todas estas acciones, solo una de ellas presenta la iniciativa de realizar el “Día distrital sin consumo de carne” cada año, acogiendo recomendaciones hechas por el IPCC y la FAO (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).
Sin embargo, el debate de ´los últimos días ha girado en torno a esta medida, pero el tema está suficientemente explicado, razón por la cual no me detendré en ello; en cambio, prefiero referirme a otras acciones estratégicas, especialmente las que hacen referencia al ordenamiento territorial. Este que es el mandato uno, reconoce al “agua como elemento ordenador del territorio, un derecho fundamental indivisible del derecho a la vida para las actuales y futuras generaciones y esencial para lograr la justicia climática”.
Desarrollado a través de ocho acciones estratégicas, este mandato constituye un avance fundamental en la concepción del uso y su aprovechamiento; en adelante, el Distrito Capital tendrá que considerar las causas y consecuencias de la Emergencia Climática como determinante ambiental, tendrá que integrar la gestión del riesgo en función del cambio climático en la revisión general del plan de ordenamiento territorial de la ciudad antes del año 2021. A su vez, se debe desarrollar una Política Integral de Uso del Agua y acciones de restauración del ciclo, descontaminación de fuentes hídricas deterioradas de acuerdo con los plazos establecidos en la Sentencia del Río Bogotá, entre otras. Todo ello, con el fin de reducir un 45% las emisiones de CO2 desde los niveles de 2010 al 2030 para cumplir el Acuerdo de París.
Estos mandatos tendrán que ser parte fundamental del nuevo POT para Bogotá, recordemos que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es el instrumento básico definido en la Ley 388 de 1997, para que los municipios y distritos del país planifiquen el ordenamiento del territorio urbano y rural, en el deben estar contenidos los objetivos, políticas, estrategias, metas, normas, programas y proyectos que orientan el desarrollo físico del territorio, la manera en que la ciudad puede hacer uso del suelo, localización de la vivienda, las actividades productivas, culturales y de esparcimiento, así como la definición de las zonas clasificadas como áreas protegidas.
Actualmente, el POT que rige para Bogotá está consagrado en el Decreto Distrital 190 de 2004, los intentos para aprobar una nueva norma por parte de las dos administraciones anteriores han sido fallidas. El ex Alcalde de Bogotá hoy Senador, Gustavo Petro en 2013 firmó el decreto para la Modificación Especial del Plan de Ordenamiento Territorial (Mepot), con el que cambiaba excepcionalmente las normas urbanísticas establecidas desde 2004, esa modificación ya planteaba herramientas para preparar a la ciudad contra el cambio climático, sin embargo, la norma fue demandada y luego suspendida. Luego, el gobierno de Enrique Peñalosa con un enfoque radicalmente distinto, cuyo énfasis fue la infraestructura vial, grandes proyectos de a favor de las constructoras y un modelo de ciudad centrado en el concreto, elaboró y presentó ante el Concejo de Bogotá un POT con esas prioridades; finalmente y en la última etapa de esa administración, el POT de Peñalosa se hundió en el Concejo.
Esta nueva administración tiene entonces el reto de no fracasar en el intento y consolidar una propuesta para la gestión del suelo de la ciudad, capaz de responder a las urgencias de Bogotá, pero sobre todo proyectar un modelo de ciudad sostenible. La alcaldesa Claudia López ha definido a Adriana Córdoba como la mujer que tiene en sus manos el reto de entregar el nuevo POT. Este proceso debe desarrollar las etapas contempladas en la Ley 388 de 1997, a saber, formulación, concertación y adopción. Ya la etapa de formulación parece haber culminado, todo indica que se ha iniciado la concertación con las autoridades ambientales, razón por la cual es determinante que ahora con la expedición de este acuerdo de emergencia climática, estos mandatos sean efectivamente guía para el nuevo POT.
A este panorama se le suma un nuevo reto, la reciente reforma constitucional aprobada, o impuesta, de una Región Metropolitana implica una escala de proyección regional. Ya están preparando una ley orgánica para su reglamentación, esto pese a que la ciudadanía, las comunidades y sus territorios no han sido convocados a participar de manera vinculante. Así que Bogotá, empieza a proyectarse como una ciudad en la región. Esta tarea debería implicar un amplio un proceso de construcción de consensos sobre la planeación del territorio con Cundinamarca y los municipios, es por ello que estos mandatos son fundamentales para avanzar en una nueva forma de habitar y hacer uso del territorio, avanzar a un ordenamiento consciente y sostenible.
Hemos dado un paso importante, pero esto apenas comienza.