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El policía, Néstor Rodríguez Rua, inculpado judicialmente del asesinato de Nicolás Neira, presentó una tutela ante la Corte Suprema de Justicia para que su caso sea juzgado por la Justicia Penal Militar, acudiendo a que su situación es similar al del uniformado Manuel Cubillos, presunto responsable de la muerte de Dilán Cruz durante una manifestación.
En el 2005, durante una manifestación, Nicolás Neira fue asesinado tras recibir un disparo de un arma “trufly” operada por el agente del ESMAD para lanzar gases lacrimógenos. Caso similar al de Dilán Cruz, también asesinado con un arma disparada por un agente del Esmad en medio de las protestas de noviembre del pasado 2019.
En la tutela presentada en septiembre del 2020, el uniformado Rodríguez Rua argumentó que se le estaban vulnerando sus derechos a la igualdad y a la defensa. Insistió en que su juez natural debía ser la Justicia Penal Militar y no la justicia ordinaria como la estipulado el Consejo Superior de la Judicatura, comparando su caso con el de Manuel Cubillos.
“Mi caso es igual que el del capitán Cubillos, se presentó con ocasión de un servicio que la sección del Escuadrón Móvil Antidisturbios – Esmad, al que pertenecía para el día 1 de mayo de 2005, fecha en la que presentaron los disturbios en el centro de la capital, fruto de las manifestaciones tradicionales con ocasión al Día del Trabajo, en donde falleció el joven Nicolás David Neira Álvarez”, reza en la solicitud de Rodríguez Rua.
Ante la decisión de Corte Suprema de evaluar la tutela impuesta por el uniformado, la familia de Neira junto a la ONG Human Rights Watch le indicaron al magistrado designado para este asunto que se debe garantizar la independencia en las investigaciones sobre las violaciones de de4rechos humanos que las autoridades militares le realizan a sus miembros.
En entrevista para el diario El Espectador, el padre de Nicolás Neira señaló que “la tutela de este policía lo que pretende es crear un sofisma con el único fin de entorpecer y obstaculizar el juicio que se adelanta en contra del acusado y así dilatar (aún más) el proceso, negando perse, el acceso efectivo a la administración de justicia, el recurso efectivo y el plazo razonable de las víctimas”.
Cabe recordar que, desde el asesinato del joven Neira han pasado catorce años sin que se establezcan las penalidades correspondientes al uniformado responsable.