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Consejo de Estado será el encargado de decidir a quién le compete deliberar la sanción disciplinaria contra el senador Eduardo Pulgar, quien habría ofrecido “200 barras” a un juez para favorecer a Luis Fernando Acosta Osío.
El abogado Jaime Granados, apoderado de pulgar, alegó un conflicto de competencias entre la Procuraduría y Comisión de Ética del Senado, después que alguien presentara una queja ante la misma comisión de la cual Pulgar es miembro.
En el mes de agosto, en una audiencia de juzgamiento disciplinario, la Procuraduría estableció que los hechos del senador Pulgar para favorecer judicialmente a terceros eran considerados como una agresión contra la dignidad de la justicia y su recta administración.
Adicionalmente, el procurador Fernando Carrillo determinó que el soborno de pulgar estaba tipificado en la ley como “delito de cohecho por dar u ofrecer, como gravísima a título de dolo”
Ante lo anterior, el abogado Granados indicó, en una entrevista para El Tiempo, que “a su apoderado se le debía aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, tal como quedó establecido en el fallo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en el caso del también senador Petro”, acudiendo al argumento de que un juez no puede sancionar a un funcionario elegido por voto popular.
Por otro lado, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia avanza con la determinación de pruebas contra el senador del Partido de la U y le extendió una citación para rendir indagatoria el próximo 26 de octubre
La decisión sobre el conflicto de competencias queda en manos del Consejo de Estado, teniendo en cuenta que en el ordenamiento jurídico colombiano se establece que el ente de control encargado de investigar y sancionar casos de corrupción es la Procuraduría General de la Nación.