Operación Génesis: La verdad que custodia el Atrato

Tomada Por: @mateocordobac

Por: Mateo Córdoba / @mateocordobac

En 1954, Gabriel García Márquez escribía en una de sus crónicas que fundar Quibdó en ese año costaría tanto como en el siglo XVIII. El río Atrato seguía siendo el camino menos costoso y más seguro para llegar a la hoy capital chocoana. Decía el nobel que el Atrato era una carretera más teórica que real, una calzada de agua revuelta con oro que sólo permitía el tránsito en un sentido. Entonces no se había iniciado aún el capítulo de los 53 años de guerra entre el Estado colombiano y las FARC-EP.

Llegar a Cacarica, o, más exactamente, a la zona humanitaria “Nueva Esperanza en Dios”, no es fácil. La única forma es cruzando el Golfo de Urabá en una lancha que normalmente cuesta 45 mil pesos por trayecto desde el puerto de Turbo y que recorre el Atrato por más de dos horas. Luego, dependiendo del clima y las condiciones del río, hay que caminar rodeando el Parque Nacional los Katios por más de una hora. Aunque esa caminata se puede ahorrar en invierno cuando el Atrato se crece y las embarcaciones pueden avanzar sin problema. El Chocó ha sido reconocido históricamente como uno de los departamentos más golpeados por el conflicto y, sin embargo, en la actualidad la guerra residual de los procesos de paz con paramilitares y guerrilla golpean con fuerza a comunidad afro e indígenas que han habitado por siglos el Bajo Atrato aún sobreponiéndose al desplazamiento forzado y las masacres que grupos armados perpetraron en dicha región.


El 24 de febrero de 1997 ocurrió lo anunciado: paramilitares bajo el mando de alias ‘El Alemán’ llegaron al caserío de Bijao, a orillas del Atrato, acompañados de soldados de la Brigada XVII del Ejército, dirigida por el entonces Brigadier General Rito Alejo del Río. Estaban en marcha de operaciones cuya excusa era la misma: sacar de la zona al Frente 57 de las FARC. El Ejército le llamó ‘Operación Génesis’ y los paramilitares le llamaron ‘Operación Cacarica’. Después de todo un año de bloqueo económico en el Bajo Atrato por cuenta de los paramilitares, y ante la mirada esquiva del Ejército, las comunidades fueron señaladas como cómplices de la insurgencia y, por tanto, violentadas con un rigor que pocas veces se había visto en la región. Se habían previsto combates y las comunidades de Cacarica corrían el peligro de quedar atrapadas en el fuego cruzado. Sin embargo, la guerrilla no apareció y fueron los líderes comunitarios quienes sufrieron del saldo de violencia que los paramilitares y el Ejército estaban resueltos a desatar en aquellos días.

Las comunidades huyeron tras cuatro días de arremetida militar y paramilitar. Dejaron atrás una imagen que jamás olvidarán y hoy es fuente de toda su esperanza: el asesinato de Marino López. Los paramilitares lo señalaron de guerrillero y Marino corrió hacia el río, sin embargo, para no morir ahogado atendió el llamado de un paramilitar que le aconsejaba volver a la orilla, “le va a ir mejor si vuelve” le dijo. Al intentar salir de la mano de un paramilitar que fingió ayudarlo, Marino fue decapitado a machetazos y con su cabeza jugaron fútbol frente a los niños de la comunidad. La mayoría de familia llegaron a Turbo, algunas otras a Quibdó, e incluso hubo algunas personas que tomaron camino hacia Panamá cruzando el tapón del Darién. En Turbo las familias fueron enviadas al Coliseo donde permanecería transitoriamente. La reubicación nunca llegó. Los hechos se conocieron unos días después en la opinión pública y el gobierno pidió explicaciones a Rito Alejo del Río, quien respondío cínicamente diciendo que aumentaría los patrullajes en la zona. Años más tarde se confirmaría su colaboración con los paramilitares. 

El retorno fue cinco años después. El coliseo de Turbo se había convertido en una cárcel donde nacieron muchos niños y niñas y las condiciones humanitarias se agravaban con el paso de los meses. Los primeros líderes volvieron río adentro a confirmar la situación de seguridad y poco a poco fueron volviendo las familias a Bocas del Limón para, posteriormente, declarar la Zona Humanitaria ‘Nueva Esperanza en Dios’. A pesar del regreso y haberse sobrepuesto al desplazamiento, las heridas de aquel febrero del 96 han sido difíciles de cerrar. Éste año, del 1 al 4 de marzo, se ha llevado a cabo una nueva versión del Festival de las Memorias tras 22 años de aquella Operación Génesis, que incluso permitió que aquellos niños y niñas que nacieron y vivieron sus primeros años hacinados en el Coliseo de Turbo fueran bautizados la ‘Generación Génesis’.

El recibimiento fue caluroso. Llegaban periodistas, académicos, ex paramilitares, ex combatientes de las FARC, comunidades indígenas y afro que venían de muy lejos y hasta Lucía Gonzalez, integrante de la Comisión de la Verdad, se asomaba por aquel territorio tan alejado de Bogotá y tan abandonado por el Estado. El Festival iba a tener mucha música y la juventud era el alma del evento. El orgullo por el retorno y la permanencia en Cacarica era un sello registrado en los jóvenes de la Zona Humanitaria y su permanente insistencia en la expresión “mi territorio”. Todo empezó con una conversatorio moderado por la Comisionada de la Verdad en donde, tanto el excomandante paramilitar, como el excomandante guerrillero, dieron muestra de una voluntad genuina por reparar las heridas que la guerra había dejado en las familias que ahora los escuchaban con profunda atención. El momento más difícil fue cuando Freddy Rendón, quien fuera conocido como alias ‘El Alemán’, excomandante paramilitar, apareció en la pantalla disculpándose por no haber asistido y ratificando su voluntad de aportar todas sus fuerzas a la verdad y la reparación. Para muchos fue una pizca de oxígeno mientras, para otros, aquella imagen sólo era un trago amargo. En sus caras lo podíamos notar.

Las palabras de la comunidad eran contundentes: el encarcelamiento de sus victimarios no era la reparación y la reconciliación que ellos llevan esperando tantos años. Varias veces han intentado entablar comunicación con Rito Alejo del Río para invitarlo a sembrar maíz con la comunidad, pero el silencio sigue siendo la única respuesta. En la Zona Humanitaria parecía no haber convicción más clara que la defensa de una justicia restaurativa. El encarcelamiento para máximos responsables de las atrocidades del conflicto, idea que se invoca mucho desde Bogotá, no está ni cerca de estar dentro de las expectativas de las comunidades de Cacarica. Allá no se cansan de insistir: “Que vengan y siembren con nosotros”. El rencor hace rato fue expulsado de estas tierras del Chocó.

El asombro era evidente en el rostro de los invitados. Los líderes y lideresas de ésta comunidad mostraban una convicción rotunda por la reconciliación, hablando de paz como un ideal de tranquilidad en su región. Palabras como “territorio”, “globalización”, “desarrollo”, “clase dominante”, son muy frecuentes en las intervenciones de estas víctimas que viven en la profundidad de la selva del Darién. Pablo Atrato, excomandante de las FARC, pedía perdón por los actos de la guerilla en esa zona del Chocó y se veía feliz de volver a esa región que hace un tiempo recorría con fusil al hombro. La comisionada de la Verdad, Lucía González, estaba exultante viendo como los cantos y bailes eran la herramienta escogida por las comunidades del Pacífico para hacer memoria y defender la paz.

Una vez terminara el Festival de las Memorias llegaría una comisión de la JEP para entrevistar a la comunidad e iniciar un trabajo de mancomunado con ella por los hechos de violencia que la golpearon. El 4 de marzo, mientras los periodistas y demás invitados caminaban por la selva rumbo a la lancha que los llevaría de vuelta a Turbo, pasó por encima de sus cabezas ese helicóptero que transportaba a la JEP y entonces todos supieron que en Cacarica, esa región que estaban dejando a sus espaldas después de tres días de Festival, había iniciado un proceso llamado esclarecimiento y búsqueda de la verdad para una comunidad que en su corazón sólo lleva la voluntad de darle la mano a quienes fueron sus victimarios para construir en conjunto las garantías para que esos hechos de violencia jamás se vuelvan a repetir.

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