El Glifosato y la política del cangrejo

Fotografía de SEMANA

Por Antonio Sanguino

La política antidrogas del Presidente Iván Duque camina como el cangrejo, hacia atrás. Su rostro más duro puede ser el pretendido retorno de la fumigación con Glifosato de los denominados cultivos de uso ilícito. Esta vuelta al pasado, a los ocho años del hoy Senador Uribe, lo reclamó el propio Presidente de la República a la Corte Constitucional en la audiencia que en días pasados realizó sobre este tema el alto tribunal. Aunque su primer paso de cangrejo lo dio con el decreto 1844 de 2018 mediante el cual se penalizó el porte y tenencia de la dosis mínima de drogas, una forma subrepticia de penalizar el consumo.

El ex presidente Juan Manuel Santos, en la Audiencia del 7 de marzo en la Corte Constitucional, se opuso al retorno de las fumigaciones con glifosato, pero fue su Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien reabrió esa posibilidad ante la amenaza de la descertificación por parte del gobierno estadounidense de Donald Trump por el incremento de los cultivos de coca. Villegas se inventó el programa de fumigación con drones, autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes el 26 de junio de 2018, argumentando que la fumigación con estos artefactos es asimilable a la fumigación terrestre y que minimizaba los riesgos en salud y ambiente detectados en la aspersión aérea del glifosato. Con ese aval se realizó entre el 3 y el 27 de julio del 2018 una prueba piloto en el municipio nariñense de Tumaco sobre 111.21 hectáreas, aunque estas pruebas se extendieron, al parecer sin autorización, hasta el 11 de agosto de 2018 para un total de 171.24 hectáreas asperjadas.

El Consejo Nacional de Estupefacientes ha aclarado al Congreso de la República y a la Corte Constitucional que el aval para el uso experimental de drones no implica autorización alguna para la reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato. No obstante y de manera tramposa el Gobierno Duque y su Ministro de Defensa Guillermo Botero, quisieron extender el uso de drones a la reanudación de las fumigaciones. Fue gracias a un debate de control político de septiembre de 2018 adelantado por la oposición en la Comisión Segunda del Senado y a una solicitud que esta hiciera de revisión a la Corte Constitucional de las Sentencias T-080/2017 y T-236/2017 que se frenó esta trampa. La audiencia del pasado 7 de marzo se derivó de dicha solicitud.

Ante la Corte Constitucional el Presidente Duque y sus Ministros quisieron presionar el levantamiento de la suspensión de la aspersión aérea con glifosato haciendo gala de una verdadera pobreza argumentativa. Insistieron en que el incremento de los cultivos ilícitos se debía a la suspensión de las fumigaciones. Que esta era la estrategia más eficaz, y casi la única, para combatir el narcotráfico. Que la producción y consumo de drogas producen más afectaciones a la salud y al medio ambiente que el Glifosato. Que este herbicida es tan inofensivo que es de uso habitual en la agricultura. Inocultable en la Audiencia fue que los Ministerios de Salud y de Ambiente aún no cuentan con los estudios científicos que descarten los efectos nocivos del Glifosato como para desestimar el principio de precaución aplicado por la Corte Constitucional en su jurisprudencia para estos casos. Pero lo que más sorprendió a Magistrados y expertos fue la ignorancia del Ministro de Defensa de los costos financieros del programa de fumigaciones.

Contrario a los argumentos del Gobierno, las cifras y las evidencias muestran otra cosa. A pesar de la fumigación de un millón ochocientas mil hectáreas, su número al momento de suspenderla era similar al de 15 años atrás cuando se comenzó a fumigar. El  ex presidente Santos recordó que los años 2006 y 2007 fueron los de mayor aspersión -172 mil y 153 mil hectáreas respectivamente- pero en esos dos años la producción de cocaína se incrementó; mientras que entre 2008 y 2013 la aspersión bajó y la producción de coca también disminuyó. Y el fenómeno de la resiembra de las hectáreas fumigadas, que ha llegado a niveles por encima del sesenta por ciento, revela que sin una política agraria integral que provea bienes públicos y mercados legales,  economías ilícitas como el narcotráfico serán imposibles de sustituir.

Mientras tanto habrá que recordarle al Gobierno y al Uribismo, como también al Fiscal General que terció en este debate en favor del Gobierno, que no resulta para nada responsable insistir en que el glifosato es inofensivo. Las demandas ya falladas contra Monsanto deberían invitarnos más bien a sustituirlo en la agricultura. Recordarle a MinAmbiente que fumigar es sobre castigar a la naturaleza ya afectada por los narcocultivos. Que incluso con drones o manualmente el glifosato afecta fuentes hídricas subterráneas y rompe las cadenas biológicas del suelo y el subsuelo. Y recordarle a Mindefensa Botero que mientras la erradicación manual cuesta 23 millones hectárea, la hectárea fumigada asciende a 72 millones de pesos. A la Corte Constitucional hay que pedirle que evite la política del cangrejo de Duque en materia de lucha contra el narcotráfico y que más bien lo conmine a cumplir el Acuerdo de Paz también en esta materia.

If you found an error, highlight it and press Shift + Enter or click here to inform us.

Sea el primero en dejar un comentario on "El Glifosato y la política del cangrejo"

Deje un comentario

Your email address will not be published.


*