ONU documentó 113 asesinatos de líderes sociales en solo el año 2018 y le pide al Gobierno Nacional garantizar su protección

El informe anual de la ONU expresa su preocupación por el asesinato a líderes sociales, objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, libertad de expresión, corrupción, protestas sociales, entre otros. Y le pide al Gobierno protección.

Por Gilberto Valencia
@Gilbertopina24

La entrega del informe la hizo el representante del Alto Comisionado para la Paz, Alberto Brunori, quien presentó 113 crímenes documentados de líderes sociales ejecutados en 2018 y encendió nuevamente las alarmas para proteger la vida de estas personas. Esta información fue extraída de las 1.300 misiones que se llevan a cabo en Colombia.

  • Los compromisos adquiridos en el acuerdo por parte del Estado, hacen parte de los Derechos Humanos, para la dignificación de las víctimas y sus derechos a la verdad, la justicia y la no repetición.
  • No hay limitaciones al derecho a la vida, el crimen contra líderes afecta la libertad de expresión y participación de las comunidades en riesgo. Específicamente el asesinato de José Oswaldo Taquez, presidente de la Junta de Acción Comunal en Orito, departamento del Putumayo, es una muestra significativa para identificar tendencias. El registro de homicidios en 2018 fue de 113 en 24 departamentos, de ellos el 27% eran defensores de derechos humanos.
  • Los crímenes se dan en su mayoría por la poca o nula presencia del Estado, el 66% de los asesinatos estaría relacionado por el apoyo al acuerdo, especialmente con la sección de restitución de tierras.
  • Para la ONU es preocupante el número de amenazas a reporteros porque afecta la libertad de prensa y de igual forma la libertad de expresión. De igual forma, se pide acabar con la estigmatización de los discursos, que malversa las condiciones de las víctimas y de sus defensores.
  • Se necesita un mayor enfoque preventivo de alertas tempranas para las medidas de protección a líderes, pues las actuales no corresponden al contexto de riesgo de los mismos.
  • La protección de pueblos indígenas y de quienes los defienden es muy alto en regiones como Antioquia y el bajo Cauca.
  • Se pide garantizar el derecho a la protesta social y se hace un llamado para que se aplique el protocolo de 2018 para proteger la misma.
  • Seguridad jurídica para ex miembros de las FARC, acogidos al acuerdo para la construcción de una paz estable y duradera.
  • Se dará especial atención al caso 003 de la JEP, sobre las muertes en combate, en casos extrajudiciales por parte del ejercito entre los años 2006 y 2008, que sea una oportunidad esclarecer los hechos y dar verdad a las víctimas.
  • El uso del ejército en la lucha contra el crimen, puede generar riesgos para la población, como ya ocurrió en Cáceres Antioquia, Cauca, Meta y Nariño.
  • Colombia es el segundo país más desigual de la región, en las zonas más afectadas por el conflicto el índice de pobreza es del 76%.

La embajadora de la Unión Europea Patricia Llombart dijo que le preocupan los crímenes contra defensores de derechos humanos.

Recalcó la necesidad de “no estigmatización” y se refirió al debate sobre la JEP, respecto a ello hizo un llamado “al Secretario General de la ONU para que fortalezca la justicia y enfrente los desafíos y no resulten perjudicadas las víctimas, con la modificación de la Ley”. Agregó que se debe entender el país y ver para donde va y así actuar de forma pertinente en las próximas elecciones en octubre.

De igual forma intervino el defensor del pueblo, Carlos Negret quien enfatizó en la situación de violencia por la que atraviesa el país y acogió las recomendaciones del comisionado para la paz, además mencionó que se deben superar las causas estructurales que dan continuidad al conflicto. Así mismo, dijo que el Estado debe llevar oferta social a las regiones víctimas del conflicto, para acabar con la pobreza.

Recordó, además, que se deben solucionar los impactos de corrupción en los derechos Humanos, para sacar la gente de la pobreza y concluyó “No puede haber paz con el ELN si existe secuestro, reclutamiento de menores de edad y atentados”.

La versión del Gobierno de Iván Duque para dar respuesta a las recomendaciones de la ONU, estuvo a cargo de Francisco Barbosa, alto consejero para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República. El alto consejero dijo que “la política de derechos humanos es una estrategia estatal, para el triunfo de la democracia, que es elemento central de la política democrática”, aseguró.

Recalcó que se debe evitar que sigan siendo atacados los líderes sociales y que se deben agudizar las circunstancias en las que se da la coca, la minería ilegal y la disputa por la tierra.

Además, se refirió a las objeciones presentadas por la Presidencia a la JEP: “las objeciones buscan fortalecer la ley, los puntos objetados, no impiden su funcionamiento”, agregó que “estamos a seis artículos del fortalecimiento de la JEP”. Resaltó el apoyo de Michel Bachelet en esta etapa y finalizó hablando diciendo: “el vecino está en crisis y debemos ayudar millón y medio de venezolanos con Derechos Humanos, lo ocurrido en la frontera, le plantea al mundo lo que pasa en Venezuela”.

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