El azúcar y la política

Por Juan Andrés Prieto
@juanpdista
Jpcmde@gmail.com

Varias ingenios azucareros sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio por un supuesto cartel empresarial en 2015, financiaron campañas políticas de actuales senadores que tienen que realizar control político y formular leyes de salud pública y del sector agroindustrial.

En el 2015 la SIC impuso una multa de $324.000 millones a 12 ingenios (Ingenio Riopaila Castilla S.A., Ingenio del Cauca, Manuelita S.A., Ingenio Providencia S.A., Mayagüez S.A., Ingenio La Cabaña S.A., Ingenio Pichichí S.A., Ingenio Risaralda S.A., Carlos Sarmiento L. & CIA Ingenio San Carlos S.A., Ingenio Carmelita S.A., Centra Tumaco S.A. e Ingenio María Luisa), tres entidades (Asocaña, Ciamsa y Dicsa) y 14 altos directivos del sector azucarero.

No era la primera vez. En el 2010 la SIC sancionó con 10 mil millones a varios ingenios por supuestamente fijar precios de manera acordada. Tal parece que es una práctica recurrente.

Varios sectores políticos alzaron la voz contra la sanción de la SIC
en el 2015. El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa,
anunció un debate de control político contra el superintendente Felipe Robledo. Años después, Manuelita S.A. -que fue sancionada con 32 mil
millones de pesos- financió la campaña de Motoa al Congreso. Su aporte
fueron 18 millones de pesos. Mayagüez S.A., que fue sancionada con 28
mil millones, aportó a la campaña del senador $21 millones. Quedan dudas de si el senador defendió los derechos de los consumidores.

En bastantes debates algunos congresistas han hablado de presiones o
lobby de gremios empresariales pero poco se denuncia. Uno de esos
debates fue el del proyecto de ley que establece medidas
de salud pública para el control de la obesidad y otras enfermedades.
El objetivo era que los productos llevaran una etiqueta frontal donde
informaran claramente si la bebida o comestibles tienen exceso de algún
contenido que pueda afectar la salud pública. Esa propuesta no
prosperó y muchos congresistas hablaron de los beneficios del azúcar.

Por otra parte, en el Congreso se debate el proyecto de Ley por el medio del cual se generan incentivos a la producción y comercialización de panela, mieles paneleras y sus derivados. El objetivo del proyecto es salvar a los productores de panela por medio de incentivos tributarios y otras medidas. De acuerdo con el líder campesino Cesar Pachón ese proyecto de ley “busca impulsar la economía de los grandes sectores azucareros y de la industria de bebidas no alcohólicas, con el  supuesto pretexto de favorecer la producción panelera de los campesinos”.

Uno de los ponentes del proyecto de ley al que se opone Pachón es Carlos Felipe Mejía, senador del centro democrático. El senador recibió aportes a su campaña de Riopaila Castilla S.A. ($20 millones) y Riopaila Agricola ($5 millones).

Hace unos meses el senador del Centro Cemocrático Gabriel Velasco dijo que la agroindustria de la caña está pasando por un mal momento. Hizo un llamado al gobierno de Iván Duque a formular medidas. El senador Velasco también recibió aportes de ingenios sancionados por la SIC. Manuelita S.A. aportó a su campaña $36 millones, Riopaila Castilla S.A. $20 millones, Ingenio Mayagüez S.A $17.500.000 e Ingenio la Cabaña $18 millones. ¿El senador se refiere a reducción de impuestos e imposición de aranceles a las importaciones del azúcar? ¿Medidas que beneficiarían al consumidor?

Alejandro Corrales Escobar, senador del Centro Democrático; Rodrigo
Lara, de Cambio Radical; Amanda Rocío González, del Centro Democrático;
David Alejandro Bargil, del partido Conservador; Carlos Jiménez López,
senador de Cambio Radical; José López Peña, del partido de la U; y Roolsvelt
Rodriíguez, de la U, también recibieron aportes de ingenios azucareros sancionados por la SIC..

Aunque no hay inhabilidades es curioso el matrimonio entre ingenios
azucareros sancionados y senadores. Esperemos que cuando se debata
sobre los efectos del azúcar en la salud pública, la agroindustria o
cuando se imponga una sanción a empresas por violar las normas los
senadores defiendan los derechos de los colombianos.

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